En una resolución de 88 páginas, Servini procesó por “abuso de autoridad” y embargó por $2 millones a Paladino, a quien le atribuyó el haber ordenado que se creara una herramienta informática con poder de control sobre todos los contribuyentes que formaran parte del Grupo Indalo, del que participan los empresarios Fabián de Sousa y Cristóbal López.
La jueza María Servini procesó hoy al exsubdirector de Recaudación de la AFIP entre 2016 y 2019, Sebastián Paladino, y citó al presidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz a declarar como testigo en la causa en la que se investigan las presiones al Grupo Indalo por parte del gobierno del expresidente Mauricio Macri, informaron fuentes judiciales.
El presidente del máximo tribunal fue citado a dar testimonio el 26 de agosto a las 14 y su convocatoria puede tener relación con llamados telefónicos que intercambió con el diputado del Parlasur y asesor judicial de Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien se encuentra en “rebeldía” en este expediente por no haberse presentado a prestar declaración indagatoria, dijeron los informantes.
“La conducta de Paladino, lejos está de ser considerada un acto ‘neutral’, sino que implicó llanamente un abuso de poder, aprovechándose de las facultades del organismo público, en desmedro de un grupo de contribuyentes”, sostuvo la jueza Servini. “Para nada se está reprochando las facultades que la Administración Federal de Ingresos Públicos tiene para fiscalizar a los contribuyentes, sino por el contrario, que su accionar esté basado en la legalidad y no la discrecionalidad y arbitrariedad de sus funcionarios”, aclaró la magistrada que instruye el expediente en el que interviene como fiscal Guillermo Marijuán.
En esta causa se investigan “diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción”, según surge del expediente.
Las supuestas presiones y la asfixia financiera sobre el Grupo Indalo tuvieron como consecuencia “perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional”, según indicó la jueza. “Esos actos habrían sido contra los bienes del Grupo Indalo, como así también personales contra sus accionistas: Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián de Sousa, y habrían tenido inicio en el mes de octubre de 2015 (acentuándose a partir de marzo de 2016)”, remarcó la magistrada.
