La legisladora porteña del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira advirtió que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires renunció a más de 450 millones de dólares en la firma del convenio con Irsa para construir edificios en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors.
Neira explicó que se llega a esa cifra porque en la operación se calculó el precio de las tierras tomando como referencia la zona del barrio de Soldati, aunque se encuentren en las inmediaciones de Puerto Madero.
«Dado el ‘Mapa de Desarrollo Urbano’, la parcela de Irsa queda subsumida en la Zona 4, junto al barrio de Soldati, y no en Zona 1, como lo está Puerto Madero, que se encuentra lindero al predio», subrayó la diputada en la última sesión de la Legislatura porteña, donde el oficialismo local logró dar media sanción al convenio urbanístico.
El convenio al que se refirió la diputada es aquel que firmaron el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la empresa Inversiones y Representaciones S.A. para autorizar la construcción de un emprendimiento inmobiliario en la ex Ciudad Deportiva de Boca, el cual es promovido con el nombre de «Costa Urbana», tendrá edificios de hasta 45 pisos y sus detractores llaman «Puerto Madero 2».
La empresa, a cambio de la autorización para construir en altura en un predio actualmente habilitado sólo para actividades deportivas, cederá al dominio público de la Ciudad una parte de las tierras y se hará cargo del mantenimiento de esos espacios por 10 años.
«Estamos hablando del terreno más grande en manos de un privado en la Ciudad, que es de 71 hectáreas», afirmó la diputada. Y consideró que «la superficie que se entrega a la Ciudad como parte de la contraprestación de espacio verde coincide con un espejo de agua, que también es del cauce del Río de La Plata y por eso nos preguntamos si no hay aquí un tema de dominio del Estado».
«Cuando uno ve las contraprestaciones y se habla de 715 millones de dólares como valuación global que debería pagar Irsa al Gobierno de la Ciudad, esta valuación ha sido calculada de forma arbitraria», indicó la diputada.
Y advirtió: «No tenemos claro a qué actores apunta el proyecto ni por qué se propone construir en esa zona de la Ciudad un emprendimiento que, por sus características de construcción en altura, sólo pueden llevar adelante tres grandes constructoras, en detrimento de los cientos de pequeñas y medianas que vienen esperando un incentivo del Estado. Mientras tanto, el Gobierno le otorga esta norma y beneficia en millones de dólares a una sola gran empresa».
