La Oficina Anticorrupción (OA) amplió la denuncia por los 54 millones de pesos que cobró y no declaró el expresidente Mauricio Macri y formaban parte de su falso fideicomiso ciego, y pidió que sea citado a indagatoria.
El organismo que encabeza Félix Crous encontró más falseamientos maliciosos en sus declaraciones juradas, maniobras que indican lavado de dinero y evasión que fueron remitidas a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la AFIP e incluso una operatoria inmobiliaria con visos de lavado de dinero que involucra a Macri cuando era jefe de Gobierno porteño.
La denuncia penal contra Macri por los 54 millones de pesos la radicó hace unas semanas la OA en base a documentación que le envió Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ).
La IGJ solicitó que se lo declare nulo el fideicomiso ciego donde el ex presidente puso parte de su patrimonio por numerosas irregularidades y detectó transferencias ilegales por más de 54 millones de pesos a Macri durante su gobierno de una sociedad donde tenía acciones Juliana Awada, su esposa.
Siendo presidente Macri recibió cuatro transferencias por un total de de 54 millones de pesos por parte de Agro G, una de las empresas en las que tiene acciones y que incluyó en su falso fideicomiso ciego. La mecánica fue la siguiente: desde octubre de 2008 Macri tenía el 20% de la empresa Agro G. Otro 40% lo tenía Ventilux SA, radicada en Uruguay, y el 40% restante José Alberto Andrés Uriburu. Macri le transfirió sus acciones al Fideicomiso Ciego el 11 de julio de 2016. La OA detectó, sin embargo, que Macri llegó a tener el 44,16% de Agro G pero no lo consignó en sus declaraciones juradas.
Datos que encontró la IGJ y sobre los cuales investigó la OA: Agro G nunca repartió dividendos ni pagó honorarios a sus directores ni confeccionó la memoria de sus estados contables anuales. Sin embargo, hizo transferencias de dividendos por 54 millones de pesos a Macri. ¿Como? A través de acciones preferidas que fueron creadas en 2013. La IGJ afirmó que “la emisión de las referidas acciones preferidas -detalla la IGJ- constituyeron al instrumento para la fuga de grandes sumas de dinero de la sociedad Agro G en exclusivo beneficio del ‘Contrato de Fideicomiso Ciego de Administración’”, o sea, de Macri.
Los fondos provenían de la empresa Latin Bio. En el directorio de Latin Bio figuraba como presidente Alejandro Jaime Braun Peña hasta el 1 de octubre de 2020, cuando lo reemplazó Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnico de Macri. Y, según la IGJ, Juliana Awada tiene el 20,25% de la firma. Agro G, de la que Macri es accionista, tiene a su vez el 29.75% de Latin Bio. Si se suman Agro G y Awada da el 50%. Y si se tiene en cuenta que Peña Braun es sindicado como testaferro de Macri y que Clusellas es una de sus personas de confianza, todo indica que en realidad es Macri el que tiene el control de la empresa que le giró a él mismo el dinero.
