A través de la decisión administrativa publicada este martes en el Boletín Oficial, que precisó que la modificación presupuestaria significa un aumento de las obligaciones a cargo del Tesoro nacional por $ 19.581,8 millones, aunque también se produjo una recuperación de asignaciones otorgadas previamente por el mismo organismo por $ 87.678.986.352.
La partida mayor del incremento presupuestario será para el Ministerio de Desarrollo Social, con $ 35.690.839.355 que se destinarán principalmente al Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo, en $ 24.972 millones. Además, se orientarán $ 9.150 millones a políticas alimentarias y $ 1.500 millones a abordaje territorial.
Por el lado de Obras Públicas, habrá recursos extras por de $ 22.000 millones, de los cuales $ 9.898.751.930 serán para la Dirección Nacional de Vialidad; $ 4.000 millones para transferencias a gobiernos municipales; igual cantidad de recursos para desarrollo de infraestructura sanitaria y $ 3.000 millones para el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa).
El Ministerio de Economía recibirá una partida por más de $ 6.000 millones, que se emplearán en subsidios a la demanda de gas natural y licuado de petróleo (GLP) $ 4.670.608.640; a la Comisión Nacional de Energía Atómica $ 1.434.591.797; y a la Comisión Nacional de Valores, $ 273,2 millones.
En el Ministerio de Salud habrá recursos por $ 7.390 millones para la Superintendencia de Servicios de Salud, y un reacomodamiento interno de partidas por $ 16.500 millones, provenientes en su gran mayoría de crédito externo ($ 12.792.243.093) que se orientarán al programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles.
