Biden solicitó «un esfuerzo gubernamental integral» para proteger el derecho al aborto en Texas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos amenazó con aplicar una ley federal de 1994, que protege el libre acceso a las clínicas que practiquen abortos, en respuesta a la nueva norma de Texas que prácticamente prohíbe este tipo de intervenciones en ese estado. El fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, explicó en un comunicado que el departamento que dirige está explorando de forma urgente todas las opciones para responder a la ley de Texas con el fin de «proteger los derechos constitucionales de las mujeres y otras personas, incluido el aborto».
A su vez, el gobierno federal defenderá a aquellas personas que quieran «recibir o proporcionar» servicios de salud reproductiva con la aplicación de la Ley de Libertad de Acceso a la Entrada a Clínicas (FACE, en inglés), dijo Garland.
El miércoles pasado, entró en vigor en Texas una legislación que prohíbe el aborto a las seis semanas de gestación, cuando puede detectarse el latido del corazón del feto, aunque en muchos casos muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. No contempla excepciones en casos de incesto o violación. Además, permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición, y ofrece indemnizaciones de hasta 10.000 dólares al demandante si gana el juicio.
Garland indicó que el Departamento de Justicia proporcionará respaldo a la hora de aplicar la ley federal cuando una clínica esté bajo ataque, y en ese sentido subrayó que se han puesto en contacto con las oficinas de los fiscales generales y del FBI en Texas y en otras partes del país para ver cómo hacerlo.
«No toleraremos violencia contra quienes buscan obtener o proporcionar servicios de salud reproductiva, ni tampoco obstrucciones físicas o daños a la propiedad que violen la ley FACE», advirtió el titular de Justicia.
Esa norma federal, firmada en 1994 por el entonces presidente, Bill Clinton (1993-2001), prohíbe el uso o la amenaza de la fuerza para interferir o intimidar a las personas en busca de un aborto en una clínica, así como causar daños materiales de forma intencionada a centros que ofrezcan servicios reproductivos.
El jueves, el presidente, Joe Biden, ordenó movilizar todos los recursos de que dispone su gobierno para proteger el derecho al aborto en Texas, tras la entrada en vigor de la ley estatal impulsada por los republicanos.
Biden solicitó al Consejo de Políticas de Género y a la Oficina del Abogado de la Casa Blanca «un esfuerzo gubernamental integral», en el que estén especialmente implicados el Departamento de Justicia y el de Salud y Servicios Humanos para «garantizar que las mujeres en Texas tengan abortos seguros y legales».