El gobierno provincial de Maria Eugenia Vidal recurrió a la exSIDE para instalar cámaras y micrófonos en una alcaidía provincial, que debieron ser retirados en parte después de que los propios penitenciarios advirtieron la existencia de cables sospechosos. El hombre que aparece intermediando entre el gobierno de Vidal y la AFI era el entonces subsecretario de Política Penitenciaria bonaerense Juan José Baric, actual juez federal de La Pampa. Según pudo reconstruir Página/12, Baric ingresó a la sede de la exSIDE en la tarde del 6 de agosto de 2018 y dos días después fueron los integrantes del departamento de Operaciones Técnicas a cablear la unidad.
El 6 de agosto de 2018, Baric –integrante del ministerio de Justicia provincial que comandaba Gustavo Ferrari– traspasó la puerta de la AFI a las 17:21. Permaneció allí por algo más de una hora, según la información que la interventora le envió el año pasado al juez federal Juan Pablo Augé, que investigaba el espionaje durante el macrismo. A los dos días, llegaba un grupo de Operaciones Técnicas de la AFI para instalar cámaras y micrófonos en la alcaidía departamental 3 de Melchor Romero, que dependía directamente del Ministerio de Justicia provincial.
La presencia de Baric es un indicio más del vínculo estrecho que la gestión provincial de Vidal tejió con la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri y demuestra que esa colaboración continuó más allá de la reunión en el Banco Provincia para armarle causas al dirigente de la Uocra Juan Pablo Medina. Ese encuentro, que salió a la luz tras la aparición de una grabación, fue el 15 de junio de 2017 y allí estuvieron, entre otros, el ministro de Trabajo Marcelo Villegas junto con el subsecretario de Justicia Adrián Grassi sentados en la misma mesa que tres de los hombres más poderosos de la AFI, el exjefe de gabinete Darío Biorci, el exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián de Stefano y el exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra. Más de un año después del episodio del Bapro, se produjo la visita de Baric al despacho de la subdirectora Silvia Majdalani en la AFI.
El exdirector de Operaciones Especiales de la AFI Alan Ruiz declaró que él siguió con Baric el tema del “cableado” de la alcaidía provincial. ¿Por qué la AFI se involucró en lo que pasaba en una unidad provincial? Las hipótesis son varias aunque la justicia federal de Lomas de Zamora –que investigó el caso– no determinó a ciencia cierta una. Por un lado, el abogado Daniel Llermanos denunció que estaban poniendo cámaras y micrófonos para preparar las celdas para la detención de Hugo y Pablo Moyano. Esa información fue replicada por los espías conocidos como Súper Mario Bros. Por su lado, Alan Ruiz dijo que estaban colaborando con un traslado de los “monos”, aunque esa versión es la que menos asidero tiene. Por último, la directora de la alcaidía 3, Natalia Roussillon, declaró que desde el Ministerio de Justicia de Vidal le habían comunicado que instalarían cámaras –no dentro de los pabellones, sino afuera– ante un eventual traslado de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci. La pregunta es si el interés de la gestión Cambiemos estaba en impedir una nueva fuga del trío o buscar reeditar, de alguna manera, las declaraciones en las que Martín Lanatta involucró a Aníbal Fernández en el caso del triple crimen de General Rodríguez.
Después de la reunión con Baric, Alan Ruiz convocó al entonces jefe del departamento de Operaciones Técnicas, Fernando Wahler, y le pidió que hiciera un plan para cablear la unidad. Wahler reconoció que él y sus hombres fueron hasta Melchor Romero en una camioneta Kangoo de la AFI.
Allí, según reconstruyeron en la fiscalía a cargo de Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, la AFI cableó tres celdas, el salón de usos múltiples, el patio interno del pabellón 6, la oficina de asistencia y tratamiento y el locutorio en el que los presos se comunican con sus abogados. Incluso en el caso de que se tratara de un temor ante una nueva fuga de los Lanatta y Schillaci, la medida era ilegal. Desde el juzgado de Mercedes, que tenía la causa del triple crimen, les informaron a los investigadores de Lomas que nunca hubo una orden para “alambrar” el lugar donde estarían los Lanatta y Schillaci.
