Los regímenes previsionales de excepción representaron en 2021 un gasto adicional equivalente al 4% del Producto Bruto Interno (PBI) respecto del nivel promedio de las jubilaciones del régimen general, superior a todo el déficit primario y a lo que el Estado destinó para el subsidio de tarifas de electricidad, gas y transporte.
Así lo señaló a Télam el director de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Rafael Rofman, luego de que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, declararan el propósito de revisar los regímenes jubilatorios del Poder Judicial y del servicio exterior.
Al referirse a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Fernández había señalado que «de lo que se habla es de los regímenes especiales de privilegio, donde básicamente están los embajadores y jueces», aunque aclaró que no se incluía a los docentes.
«Me parece bien revisarlos, porque son injustos», sostuvo Rofman, uno de los principales especialistas en cuestiones previsionales, que se desempeñó a lo largo de dos décadas en el Banco Mundial.
De todas maneras, puntualizó que el problema del financiamiento previsional no se resuelve solamente con la revisión de esos dos regímenes, ya que si bien «son muy visibles porque tienen ventajas muy notorias», a su vez «son muy pequeños en función del gasto, con una incidencia que el año pasado fue de menos del 0,1% del PBI».
