La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ordenó al Gobierno porteño la implementación de políticas públicas para terminar con la discriminación de las personas con discapacidad en escuelas de gestión privada, según informó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que había iniciado un amparo colectivo al respecto contra el GCBA en 2019.
Según explicó la ACIJ, las personas con discapacidad enfrentan significativas barreras para ejercer su derecho a la educación y «muchas de ellas deben recorrer decenas de escuelas hasta encontrar una que les abra las puertas y, si no lo logran, son expulsadas del sistema o forzadas a asistir a centros especiales».
En ese contexto, el pasado 23 de junio, el Juzgado de Primera Instancia nro. 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de la jueza Patricia López Vergara, declaró «la inconstitucionalidad de la conducta omisiva del gobierno -porteño-«, y le ordenó «presentar una propuesta de política pública para garantizar el derecho a la educación inclusiva en el plazo de 30 días», detallaron desde la asociación civil en un comunicado.
Entre sus conclusiones, la jueza sostuvo que la propuesta del Gobierno debe contemplar, como mínimo, el establecimiento de un protocolo de inscripción que evite la discriminación por motivos de discapacidad; la creación de un procedimiento para el control de los establecimientos educativos, y de canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de inscripción.
Asimismo, la adopción de medidas de difusión para informar a personas con discapacidad y sus familias; y la producción de información que permita monitorear las políticas implementadas.
La sentencia tuvo lugar luego de ordenarle a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, «algunas medidas provisorias para poner fin a esta situación y de imponerle multas por sus reiterados incumplimientos», agregaron desde la organización civil.
