La Justicia porteña investiga una compleja trama que involucra a empresas que habrían sido utilizadas para ganar contratos y adjudicaciones de forma irregular por parte de la sociedad del Estado SBASE -propietaria legal de toda la red de subterráneos- y del Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires.
La causa, que lleva adelante el fiscal Federico Tropea, también investiga a varios funcionarios del gobierno porteño que intervinieron en el presunto direccionamiento de los contratos y habrían estado al tanto de los sobreprecios pagados por el Estado.
Tal como se detalla en el expediente, la empresa CITEPA SA facturó entre abril de 2013 y octubre de 2016 un total de $28.600.000 a SBASE (el 87% de su facturación total). Mientras que entre enero de 2015 y abril de 2017, la firma VARBERG SA. facturó al Gobierno porteño $7.400.000, (70% de su facturación total).
Según un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), ambas empresas destinaron la mayor parte de sus ingresos a inversiones en activos financieros “y no al pago de los costos de los servicios facturados”.
A su vez, señala que estas empresas no registraron compras de insumos ni pagos de salarios “que permitiera considerar que el precio facturado por los servicios prestados era necesario, por lo que podría estarse frente a un caso de sobrefacturación”.
Además, el organismo público advirtió que la mayor parte del dinero que las empresas habrían obtenido por sus ventas fue destinado a una sociedad de bolsa para luego ser extraído en efectivo con destino desconocido.
Por otro lado, en base a una investigación realizada por la AFIP, se habría determinado que ambas empresas – CITEPA y VARBERG- serían de Víctor Enrique Solmi y Sergio Gustavo Solmi, y que “las personas que figuran como accionistas serían meros prestanombres que habrían sido utilizados para ocultar la verdadera propiedad de las empresas”.
Los investigadores determinaron que CITEPA fue contratada para brindar una servicio de “desgrafitado” en formaciones y protección de grafitis en los vagones del subte y las estaciones. A pesar de ser una sociedad estatal, el servicio se contrató en forma directa, sin una licitación pública, con la excusa de que era el único proveedor que ofrecía el servicio.
CITEPA ofrecía el producto “inventado” por Solmi, con el cual se podrían quitar los grafitis de los coches del subterráneo y se les aplicaría una capa protectora anti graffiti. Pero para la Fiscalía, en ninguno de los expedientes analizados surge un informe técnico que verifique o explique la calidad del producto elaborado y distribuido por la empresa proveedora, “ni aquellas características que lo hacen único o exclusivo”.
