El Consejo Nacional del Partido Justicialista difundió un documento en el que expresó su «solidaridad» con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del pedido de condena de la fiscalía en el juicio el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, y convocó a todos los peronistas a «mantenerse unidos, organizados, movilizados y en alerta permanente».
Así lo expresó en un documento dado a conocer al término de una reunión mantenida en la sede partidaria de la calle Matheu 130, en la ciudad de Buenos Aires, de la que participó de manera virtual el presidente Alberto Fernández, titular del partido a nivel nacional.
Según pudo reconstruir Télam, al participar del encuentro a través de videoconferencia, el presidente Alberto Fernández propuso realizar una movilización en una fecha «que no sea solo convocante para los peronistas».
En ese sentido, el Jefe de Estado y presidente del PJ propuso una marcha a la que se pueda sumar «toda la comunidad democrática», en la fecha del 16 de septiembre, aniversario de La Noche de los Lápices y del derrocamiento de Juan Domingo Perón.
Ante sus compañeros de partido, Fernández señaló que pueden haber existido diferencias con la vicepresidenta, pero que en lo que se refiere a la causa por obra pública, él la acompaña «desde 2016» cuando aún no habían vuelto a tener relación.
Con posterioridad a la reunión, en esa misma línea, el PJ llamó a «defender la vigencia de una verdadera democracia y de los derechos conquistados, sin persecución de la más importante líder del pueblo argentino».
«El Consejo Nacional del Partido Justicialista expresa su solidaridad con la Vicepresidenta de la Nación, compañera Cristina Fernández de Kirchner, y repudia enérgicamente la persecución política instrumentada por los poderes fácticos a través del Poder Judicial», apuntaron.
En esta línea, se indicó que «se está utilizando el aparato judicial» para darle una apariencia de legalidad y así conseguir «deslegitimar de los procesos políticos de dignificación y defensa de los pueblos».
También denunciaron que el «mecanismo de lawfare utilizado contra la Vicepresidenta, al igual que sucediera con otros líderes populares latinoamericanos como Lula Da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, entre otros, entraña la utilización del aparato judicial con apariencia de legalidad para deslegitimar los procesos políticos de dignificación, soberanía y defensa de los Pueblos de la Patria Grande».
