El ministro de Obras Públicas calificó como «una verdadera estafa» la administración de los peajes que hubo durante la gestión de Cambiemos y dijo que buscan declarar la «lesividad y nulidad» de los contratos de Ausol S.A.
En diálogo con Télam, Katopodis afirmó que «hay elementos muy claros» que así lo demuestran, por lo cual será «la justicia la que determine» si, como se interpreta desde el Ejecutivo, se trata de «una verdadera estafa».
En ese sentido, aseguró que desde el Gobierno nacional se encuentran «convencidos» de que hubo durante la gestión de Cambiemos -hoy Juntos por el Cambio- «un aprovechamiento del Estado para hacer negocios, y que el sistema estaba preparado para que el Estado pierda plata y algunos se llenen los bolsillos».
En ese marco, subrayó que desde el Ejecutivo harán «todo» lo que haya que hacer «para defender al Estado y al patrimonio de los argentinos».
Al respecto, el ministro explicó que, a partir de la iniciativa oficial, «se abre un proceso judicial que en la Argentina sabemos que tiene sus tiempos», y agregó: «Por supuesto que ya he instruido al área jurídica para impulsar esta causa», aseguró.
En esa línea, precisó que se presentará en la Justicia para que se declare la «lesividad y nulidad» de los contratos de concesión a Ausol S.A., al advertir que esa negociación llevada adelante por la administración de Mauricio Macri fue hecha «a medida de las empresas».
Además, argumentó que, «en algunas estaciones de peaje, se debería estar pagando $1.830 si no hubiera actuado el Gobierno meses atrás para establecer los valores».
De esta forma, las normas en cuestión tenían por objeto la cancelación de una presunta deuda por un monto por parte del Estado nacional en U$S 813.143.839,52 (U$S 540.522.269,52 para Ausol y U$S 272.621.570 para GCO).
Finalmente, Katopodis advirtió que Macri «otorgó una dolarización al contrato» de las autopistas sin que hubiera «ningún componente que justifique» esa medida, y señaló que «se determinó un ajuste del 8% anual, lo que permitió a ambas empresas tener una rentabilidad extraordinaria».
El Decreto 633/2022 publicado este jueves en el Boletín Oficial establece que se trata de «contratos absolutamente distorsivos», en referencia a los firmados en 2018 por la administración del entonces presidente Mauricio Macri.
