Patricia Bullrich responsabilizó a las máximas autoridades de la Prefectura Naval de haber ordenado filmar y fotografiar la detención Amado Boudou en 2017, en el marco de la denominada «Causa Ciccone», material que fue filtrado a los medios de comunicación para estigmatizar la figura del exvicepresidente mostrándolo aprehendido, descalzo y en jogging. A través de un escrito presentado ante la Justicia, la exministra de Seguridad de Cambiemos sostuvo que los registros fueron realizados por efectivos de esa fuerza con un teléfono celular que supuestamente se perdió y, justificando desmemoria, aseguró que no recuerda si se los enviaron a ella. Un prefecto que declaró en octubre dijo que se las mandó por whatsapp.
Acompañada por su abogado, Julián Curi, Bullrich declaró por videoconferencia como imputada ante el juez federal Sebastián Ramos por los presuntos delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. No habló de la acusación y se negó a responder preguntas, aunque presentó un escrito de cuatro páginas. «El personal que tuvo a su cargo la realización del procedimiento habría recibido por parte de su superior dentro de la misma fuerza la orden de obtener registros fotográficos y fílmicos en la noche previa a la diligencia», señaló en el descargo.
Respecto del material que difundió la prensa, llamativamente, indicó que “el aparato telefónico con el cual se obtuvieron las fotografías habría sido extraviado poco tiempo después del procedimiento” ordenado por el juez Ariel Lijo. La presidenta del PRO, además, se escudó en que las fotos y videos “habrían estado en poder de varias personas», que no hubo detalles sobre «a qué abonados telefónicos fueron enviados, como así tampoco si fueron reenviados mediante teléfonos oficiales o particulares”.
De esa forma, la presidenta del PRO le endilgó a la Prefectura Naval la responsabilidad del operativo y negó «haber impartido de forma personal algún tipo de directiva específica o particular para el cumplimiento de la orden de detención, tanto antes, durante o con posterioridad a la realización del procedimiento» que se llevó a cabo el 3 de noviembre de 2017 en el departamento en el que Boudou vivía con su familia en Puerto Madero. «Desde el Ministerio de Seguridad se impartieron las directivas generales respecto del accionar de la fuerza, tal como se ordena seguir en todos los procedimientos de iguales características», añadió. Las palabras de Bullrich dan a entender, entonces, que si ella no dispuso la filtración fueron los integrantes de la fuerza naval que se cortaron solos por su cuenta, explicación que no resulta del todo verosímil dado el carácter verticalista que mantuvo al frente del Ministerio.
Alegando falta de memoria debido al paso del tiempo, Bullrich afirmó que había cuestiones específicas que no recordaba con precisión, como por ejemplo si a ella le habían llegado las imágenes de Boudou. “Es posible que en mi carácter de ministra haya mantenido comunicaciones con responsables de la fuerza a cargo de la detención del exvicepresidente de la Nación para ser informada sobre el curso del procedimiento. Incluso es posible que me hayan sido enviados partes informativos en forma telefónica”, expresó, aunque sobre las fotos después aclaró: “Desconozco si efectivamente recibí ese tipo de información y, en su caso, quién la envió, cuándo, desde qué teléfono, a qué abonado -esto es, si fue remitido a un teléfono oficial personal o a un abonado del Ministerio- como así también si la información fue enviada en forma individual a mí o a un grupo o conversación integrado con otras personas”.
