La Dirección de Migraciones frenó el ingreso a la Argentina a seis chicas rusas con embarazos de 32 o 33 semanas. Fueron una parte de las más de 30 que llegaron el jueves. La diferencia fue que esas seis mujeres no supieron contestar nada. Dijeron que eran turistas, pero no tenían dirección a la que iban a llegar ni exhibieron pasaje de regreso. Dinero sí: alguna llevaba unos 8.000 dólares.
El organismo que conduce Florencia Carignano dispuso que las aerolíneas en las que vinieron –Ethiopian y KLM– se hicieran cargo de las muchachas y las lleven de regreso a su país de origen. Carignano aclaró que no estaban detenidas, que caminaban libremente por la parte de pasajeros en tránsito de Ezeiza y que un médico estaba a disposición en forma permanente.
Al poco rato se hicieron presentes abogados que salieron en defensa de las chicas, algo que evidencia la organización detrás del viaje. Lo llaman turismo de parto. Es obvio que cualquier turista que va a otro país no tiene un abogado listo para intervenir.
Uno de los letrados, Christian Rubilar, presentó un pedido de habeas corpus, pidiendo que la chica que representa –se la conoce sólo por las iniciales, E.I.– sea admitida en la Argentina, porque –según él– no existe la norma que impida ingresar al país por ser, supuestamente, turista falso. El reclamo le llegó al juez federal Luis Armella, quien de entrada sostuvo que no era un tema para tratar de manera urgente ni mediante un habeas corpus. El letrado apeló a la Cámara Federal de La Plata. En esa instancia, dos jueces, Roberto Lemos Arias y César Alvarez, contradijeron a Armella: sostuvieron que era una cuestión a resolver de inmediato y que la institución del habeas corpus era adecuada para una situación humanitariamente urgente.
A partir de lo resuelto por la Cámara Federal, Armella resolvió permitir que las chicas entren al país. Tuvo en cuenta el embarazo de 32 y 33 semanas. El magistrado afirmó que después resolverá la cuestión de fondo, es decir si constituye un delito o la violación de alguna norma que una mujer venga a dar a luz a la Argentina y luego consiga la nacionalidad y el pasaporte, aun no viviendo en el país. De todas maneras, a últimas horas de la noche del viernes, el consulado ruso aseguró que Migraciones aún no había permitido que estas seis mujeres entren al país y se esperaba la llegada de otro avión con decenas de embarazadas rusas a bordo, lo que podría multiplicar el problema.
La Argentina tiene una legislación generosa para la inmigración: siempre la tuvo. De manera que una criatura nacida en el suelo nacional tiene derecho a la nacionalidad, sean quienes sean sus padres. Y esos padres, para proteger al niño, también tienen derecho a la nacionalidad.
Lo que impacta es que detrás de la maquinaria que trae a las chicas rusas hay una trama de abogados y jueces que, dinero de por medio, consiguen que el bebé y sus padres tengan nacionalidad y pasaporte en cinco meses. Un venezolano, llegado al país hace años, primero requiere de dos años de residencia sin ausentarse por más de tres meses.
Una vez que esa radicación está firme, tramita en la justicia civil la nacionalidad, algo que tarda –como mínimo– un año y medio. Demás está decir que se requieren certificados de nacimiento autenticados, de buena conducta y un largo listado de papeles. En las comunidades venezolana, boliviana o paraguaya afirman que aun después del nacimiento de un bebé, el trámite dura entre dos y tres años.
