Cristina Fernández de Kirchner se opuso a elevar a juicio oral en este momento la causa donde se investiga su intento de asesinato, a contramano de lo que plantearon el fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti. Para la vicepresidenta no está terminada la investigación y en un escrito donde planteó su posición desliza la falta de voluntad de los investigadores de avanzar con medidas que quedaron a mitad de camino y que podrían llevar a despejar dudas sobre uno de los mayores interrogantes: ¿hubo alguien detrás del atentado? ¿Quién o quiénes? Entre las cuestiones pendientes reclama que vuelva a declarar el testigo que escuchó al diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman decir ante dos asesoras «cuando la maten yo estoy camino a la costa»; que se esclarezca a qué se refería una de ellas en un grupo de whatsapp cuando les pidió a otras colaboradoras que «borren todo» tres días antes del atentado; que se reconstruya quién le dio a una de las detenidas, Brenda Uliarte, una hoja que detalla la llamada «Regla Tueller», una técnica para disparar antes de que otro lo evite, que difundió la gestión de Patricia Bullrich y Milman en el ministerio de Seguridad; que se determine el papel de la organización violenta Revolución Federal.
Pasaron ocho meses desde el intento de asesinato de CFK en medio de una de las movilizaciones de respaldo por el juicio de Vialidad que se hicieron cerca de su casa en Recoleta. Hay tres detenidos ligados a la autoría material: Fernando Sabag Montiel, quien intentó gatillar pero falló; Uliarte, la mujer que estaba con él y que le venía hablando intensamente de su deseo de matar a la vicepresidenta, y Gabriel Carrizo, con quien trabajaban en la venta de copos de azúcar y que en sus chats dijo abiertamente «recién intentamos matar a Cristina» y comentó a algunos allegados que había aportado un arma para eso. Lo que nunca se esclareció es la autoría intelectual y las posibles fuentes de financiamiento. Sin embargo, tanto Rívolo como Capuchetti consideraron que la investigación está terminada. Por eso la vicepresidenta se opone y pide medidas.
El testigo de Casablanca
Jorge Abello es asesor del diputado del Frente de Todos Marcos Cleri e inauguró la «pista Milman». El 23 de septiembre último se presentó en el juzgado y contó que dos días antes del atentado estaba en el restaurante Casablanca, en la esquina del Congreso, y vio a Milman con dos asesoras a quienes les comentó: «Cuando la maten voy a estar camino a la costa». Recién el 1 de septiembre –dijo– después de ver las imágenes de Sabag Montiel apuntando a la cabeza de CFK, asoció la frase con el hecho. El testigo sólo declaró ante Capuchetti, por eso la querella quiere escucharlo. Y porque la base de su relato se corroboró: Milman estuvo en Casablanca en el día y hora indicados por Abello; estaba con dos colaboradoras, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz; Cleri entregó los mensajes que le había enviado Abello poco después del atentado donde contaba lo que había escuchado. «Creeme, estoy temblando», le decía.
Milman denunció a Abello por falso testimonio sin refutar sus dichos. Igual, la jueza Capuchetti agarró la hojita e hizo la denuncia. Rívolo volvió a citarlo pero tuvo un ACV. Este año suspendió la citación por la causa que tiene abierta en su contra, algo llamativo porque ese criterio podría fomentar la práctica de denunciar testigos para que no avance una causa; y también argumentó que Abello se contradijo con Cleri ya que le dijo a la jueza que era la primera vez que le contaba a alguien el episodio. Para la querella es irrelevante. Pudo haber estado nervioso u olvidado el mensaje enviado a su jefe. Mucho peor, remarcaron los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, fueron las contradicciones de las secretarias, que decían que hace tiempo que no iban a comer a Casablanca y de golpe recordaron su presencia cuando se vieron en los videos en el juzgado. Para peor, la jueza no les quiso secuestrar el celular y cuando lo hizo por orden de la Cámara Federal en diciembre, Bohdziewicz dijo que había borrado todo –y que se había asesorado para eso– y Gómez Mónaco que había cambiado de aparato.
Las reinas del despacho
De lo poco que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) pudo rescatar del celular borrado de Bohdziewicz se encontró el grupo de whatsapp «Las reinas del despacho», colaboradoras de Milman. Había un mensaje de ella al resto del 29 de agosto (un día antes de Casablanca y tres antes del atentado) donde les pedía: «Chicas, borren todo lo del chat, mis fotos y todo lo demás, de lo de la oficina; plis, por las dudas». Tiempo después, la propia Ivana advertía a sus compañeras una inquietante frase: «Está saliendo todo a la luz». La vicepresidenta pidió que se identifique a las otras integrantes del grupo y que declaren sobre ese mensaje, pero la fiscalía no avanzó. «Es de relevancia indudable», dice el escrito de Aldazabal y Ubeira.
Entre los mensajes hallados de Gómez Mónaco –la exmiss argentina que en 2017 fue designada titular de la Escuela de Inteligencia del Delito (ESID) por la gestión MIlman-Bullrich– hay intercambios con un tal Norberto Novoa. La jueza rechazó analizar quién es y buscar su celular. Para la querella los mensajes son dudosos. Novoa le dice a la mujer: «Lo que hay que bloquear es que Florencia se meta, que no se la intervenga por eso, hay que emprolijarla». ¿Quién es Florencia? Se preguntan y piden que Novoa declare. Una hipótesis es que sea la diputada Florencia Retamoso, esposa de Milman. El año pasado se supo que ambos son afectos a contratar muchos asesores: 34 Milman (entre ellos Laura Alonso con un sueldo de 400 mil pesos), y 18 ella.
La regla Tueller
En el allanamiento en la casa de Brenda Uliarte se encontró una hoja con información manuscrita sobre la llamada «Regla Tueller», una técnica o protocolo utilizada para entrenar policías en Estados Unidos, que establece el tiempo que tiene una persona para sacar un arma y disparar sin que otro se la saque o lo hiera antes. Bullrich y Milman, que era su viceministro, la trajeron como una novedad a la Argentina. La PSA rastreó en los celulares y dispositivos de los detenidos si habían hecho alguna búsqueda de información sobre la «Regla Tueller» y no apareció nada, por lo que los abogados sospechan que una tercera persona se la entregó. La querella sostiene que hay que buscar en todos los celulares y dispositivos electrónicos secuestrados, que son muchos más (de las secretarias y otros «copitos»), y que se debe realizar una pericia caligráfica para saber si la letra es de alguno de los imputados o no y si lo fue, si alguien lo dictó.