A más de un año y medio de la sanción nacional, sólo siete provincias adhirieron a la ley.
Según el Mapa Normativo del Etiquetado Frontal en Argentina, hay un avance del 63,3% de los aspectos normativos necesarios para su implementación (sellos, regulación de publicidad, etc.), aunque sólo siete provincias adhirieron: Chaco, Chubut, La Rioja y Río Negro simplemente adhirieron, mientras que Neuquén, Salta y Tierra del Fuego mostraron algún avance, sobre todo en los mecanismos de implementación, informó UNO.
La falta de adhesiones provinciales impacta fundamentalmente en la falta de reglamentación de los entornos escolares y en las compras públicas de cada jurisdicción, consignó la agencia Télam.
Los datos surgen del 1° Congreso de Políticas Alimentarias en Argentina, que se realiza entre este miércoles y jueves en la Ciudad de Buenos Aires.
La abogada María Laura Fons, de Fundeps, explicó que «Nación ya tiene la mayor cantidad de las normas complementarias (reglamentación, regulación de la publicidad, etc.) publicadas», aunque «lo principal que le falta es la creación de un registro nacional de infractores», sostuvo.
De las siete provincias que adhirieron a la ley, ninguna dictó aún normas complementarias que garanticen escuelas libres de sellos ni normas que detallen cómo, desde las compras públicas, se garantizará una mejora de la calidad alimentaria, dos aspectos previstos en la ley nacional.
«Esto no quiere decir que en las provincias no se implementa nada de la ley», aclaró Fons, porque la ley nacional es obligatoria y todas las provincias tienen la cobertura de las competencias nacionales para el control.
Dicho de otro modo, en la provincia que no adhirió, igual los productos tienen los sellos octogonales y también se puede denunciar una publicidad que no cumple con los requisitos de la ley en los canales habilitados por el Ministerio de Salud nacional.
La Ley de Promoción de Alimentación Saludable -conocida como de Etiquetado Frontal- se sancionó el 26 de octubre de 2021 y el 23 de marzo de 2022 se publicó el decreto reglamentario 151/2022.
Uno de los ejes centrales de la ley es la colocación de sellos a los productos que tengan exceso de grasas, azúcares, sodio y calorías, para advertir al consumidor sobre los componentes del alimento que está por comprar.
