Legisladoras nacionales del Frente de Todos acompañaron hoy la marcha del colectivo feminista del Chaco en repudio a la medida cautelar de una jueza en lo Civil y Comercial que frenó la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en esa provincia y coincidieron en que el fallo produce «desigualdad» y «discrimina».
«Esta medida cautelar lo que vino a hacer es dejar a las mujeres y a los seres gestantes de la provincia del Chaco en situación de desigualdad y discriminación respecto al resto del país», dijo hoy a Télam la senadora nacional del Frente de Todos Marín Pilattti Vergara en la manifestación de repudio al fallo que bloqueó la Ley 27610.
En tanto, la diputada nacional Lucila Masin, también del Frente de Todos, acompañó la marcha de hoy en Resistencia y aseguró que «la medida cautelar presentada la semana pasada marca un precedente jurídico nefasto para la conquista de nuestros derechos y para la garantía efectiva de miles de mujeres y personas gestantes en nuestro país».
Asimismo, Pilatti Vergara dimensionó el impacto del fallo de la jueza Civil y Comercial 19 Marta Aucar de Trotti al señalar que Chaco «es una de las provincias donde más embarazos en niñas de muy corta edad existen y la sanción de la ley trae aparejado poner a nuestras mujeres como a las del resto del país en un estricto pie de igualdad respecto de aquellas que sí tienen recursos económicos para hacerse un aborto seguro».
Además, subrayó: «No promovemos, no aconsejamos ni le deseamos a nadie que tenga que pasar por un aborto pero la mujer cuando decide abortar por los motivos que fueran lo hace, la diferencia es que cuando tiene recursos lo hace con recaudos de seguridad, higiene y salubridad, y cuando no los tiene, cae en manos de curanderas y de gente que practica de manera ilegal la medicina con La legisladora remarcó la obligatoriedad del cumplimiento de la norma porque Argentina no es «una confederación como Estados Unidos, donde cada estado puede resolver aplicar una política distinta respecto a otra», sino que es «un estado republicano donde cada provincia es autónoma pero no es soberana y ante una ley nacional de orden público los estados provinciales tienen obligación de respetarla y hacerla respetar».
