Por Miguel Ponce de León
Fuente: www.showpolitico.com
Luis Alberto Urquiza entró como agente a la Policía de Córdoba en 1974, y fue secuestrado -por sus propios compañeros del Departamento de Informaciones D2- el 12 de noviembre de 1976.
Lo acusaron de ser infiltrado en la fuerza policial, pero -en realidad- pasó a ser víctima de terrorismo de Estado por negarse a torturar. Estuvo prisionero en el D2, ubicado en el edificio del Cabildo de Córdoba, a metros de la Catedral; el mismo lugar donde daban misa y lecciones de moral, mientras a él le hacían «submarino», y le pegaban un tiro en la rodilla.
De ese lugar lo trasladaron a un centro clandestino de detención, donde lo siguieron torturando, hasta que fue llevado a una cárcel. Se exilió a Brasil en 1979, y a Dinamarca en 1980. En la década del 90 volvió a Córdoba, y encontró que sus torturadores estaban en actividad, como jefes policiales.
Lo siniestro de este caso es que -actualmente- sus verdugos están condenados con sentencia firme por secuestros, torturas y asesinatos, pero Urquiza quedó exonerado de la fuerza por irse del país, y ellos siguen cobrando una jubilación de privilegio de 138 mil pesos.
La complicidad de la sociedad y el Estado con los genocidas y los torturadores no terminó en 1983, sino que sigue vigente hasta hoy. Luis Urquiza volvió de su exilio a Córdoba en 1993, y se instaló en Villa Allende, para rehacer su vida.
Pero cuatro años después, por una denuncia del diputado provincial Atilio Tazzioli, se enteró que uno de sus principales verdugos de 1976 -Carlos «El Tucán» Yanicelli- era Jefe de Inteligencia Criminal.
Inmediatamente hizo una denuncia pública, pero el apoyo del Gobierno de Córdoba fue muy tibio. Urquiza, en exclusiva para Show Político, recordó esos años: «Yanicelli era el Número 3 de la Policía, por eso le pedí al Gobernador de entonces –Ramón Mestre– y a Oscar Aguad, que era ministro de Seguridad, que los detengan, y los metan presos. Pero apenas se les hizo un sumario, y se los apartó de la fuerza policial. Es cierto que estaba la Ley de Obediencia Debida y Punto Final, pero en definitiva los protegieron. Eran 100 policías en actividad, que habían sido torturadores, y Aguad me dijo -personalmente- que no podía hacer mucho, porque ‘se podían sublevar'».
El gobierno de Córdoba, administrado por la Unión Cívica Radical, no pudo -o no quiso- proteger a Luis Urquiza: fue amenazado, perseguido y tuvo que pedir ayuda al país que lo recibió en su primer exilio.
Así fue como el embajador de Dinamarca en Argentina, Leif Tonde, lo ayudó a salir del país, con su familia, para volver a vivir en Copenhague. En esos años, el nivel de impunidad era tan grande, que «El Tucán» Yanicelli, como jefe policial, dirigía un equipo especial que se llamaba «La Brigada Fantasma».
Algunos de sus propios integrantes declararon que les tendían trampas a delincuentes, a través de un informante, para hacer que vayan a distintos objetivos: por ejemplo, un banco o una fábrica. Cuando llegaban a robar, la brigada los estaba esperando, y los asesinaban, o los dejaban actuar, y después les quitaban el botín. Uno de los policías que integraba este equipo era Alejo Paredes, el mismo que años después se convirtió en Jefe de Policía, y más tarde, Ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba.
A pesar de esta experiencia traumática, Luis Urquiza volvió de su exilio en el año 2003, y se dedicó a colaborar en las causas judiciales: «Toda esta experiencia de mi vida está contada en el libro ‘La sombra azul’, que escribió Mariano Saravia, y la película del mismo nombre. El libro fue incorporado -incluso- como prueba en la causa ‘Gontero‘, que después se unificó con la causa ‘Videla‘. Tuvimos la satisfacción de que estos policías fueron condenados a cadena perpetua, pero nunca fueron expulsados ni exonerados de la Policía, porque no estaba la sentencia firme.
Lo que no tiene explicación es que -en 2018-, la sentencia quedó firme, pero Yanicelli y su banda no fueron exonerados de la Policía, y siguen cobrando una jubilación que -en su caso- es de 138 mil pesos».
El 22 de diciembre de 2010, el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba, condenó a la pena de prisión perpetua a los represores Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, y también -por tormentos y asesinatos- al jefe de los torturadores de Luis Urquiza, Carlos «Tucán» Yanicelli.
La condena quedó firme -para Yanicelli- el 14 de noviembre de 2018, y Luis pidió formalmente -en 2019- que lo exoneren de la Policía, y que a él le reconozcan el estado policial que perdió en 1977. El Gobierno de la Provincia de Córdoba rechazó el planteo, y ahora se encuentra en trámite una demanda en lo contencioso administrativo. En definitiva, para la Justicia, Yanicelli y su banda son torturadores y asesinos, pero para el poder político cordobés, eso todavía no es suficiente para que sean exonerados de la Policía. Sumado a un delirio del sistema: Carlos Yanicelli tiene una jubilación de $138.966 que se ganó, en parte por su habilidad con la picana eléctrica y Luis Urquiza no puede tener una jubilación porque se exilió y no hizo en esos años un trámite con el Estado que lo secuestró y torturó.
