Legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) recibieron a los padres de Úrsula Bahillo, la joven de la ciudad bonaerense de Rojas que fue fue víctima de femicidio en febrero pasado, y dialogaron sobre el proceso judicial que llevan adelante, informaron hoy voceros del bloque.
En la reunión, que tuvo lugar en la legislatura porteña, Patricia Nasutti y Adolfo Bahillo describieron detalles de la causa y también hablaron de la «falta de respuestas por parte del sistema judicial que pusieron en riesgo la vida de su hija».
Además, dijeron que es necesario un sistema judicial que «contemple y garantice los derechos de las víctimas», informaron desde el bloque en un comunicado.
Del encuentro, participaron las diputadas y diputados Cecilia Segura, Claudio Ferreño, Lucía Cámpora, Maria Bielli y Ofelia Fernández.
Úrsula Bahillo tenía 18 años cuando fue asesinada a puñaladas por su expareja, Matías Martínez, un integrante de la policía bonaerense que tenía denuncias por violencia de género y una restricción perimetral.
Su asesinato dejó al descubierto las fallas del sistema judicial para el seguimiento y acompañamiento de quienes sufren violencia de género, ya que Úrsula y su familia habían radicado 18 denuncias por amenazas y actos de violencia física contra Martínez.
Además, otras dos exparejas de policía habían hecho denuncias en su contra, una de ellas por la violación de una niña con discapacidad.
El cuerpo de Úrsula fue hallado el 8 de febrero último a unos 13 kilómetros de Rojas, y en ese mismo lugar fue apresado Martínez, quien se había provocado lesiones con el arma homicida.
Por el asesinato, Martínez fue imputado y está detenido,
Cuando mató a Úrsula, «Martínez debía estar preso por incumplir las medidas de restricción ordenadas y porque las pericias comprobaron que había abusado de una niña. Dos jueces se negaron a ordenar la detención», agregaron desde el FdT.
El observatorio Ahora Que Sí Nos Ven reveló que en Argentina entre marzo 2020 y marzo 2021 hubo un femicidio cada 30 horas y que el 5% de los agresores eran integrantes de alguna fuerza de seguridad.
El informe también mostró que el 64% de los femicidios fue cometido por las parejas y exparejas de las víctimas y muchas de las víctimas tenían denuncias previas y medidas judiciales en curso.
A partir del caso de Úrsula, movimientos de mujeres y organizaciones políticas y sociales exigen una reforma judicial feminista, para que los funcionarios y funcionarias de la Seguridad y la Justicia tengan perspectiva de género en el cuidado, seguimiento y los fallos judiciales.
