Yamila Cialone y Eric Lucero, padres de Guadalupe, la niña de 5 años desaparecida en San Luis el 14 de junio último, encabezaron por primera vez la marcha que partió del kilómetro cero de la capital provincial hasta el Poder Judicial puntano para reclamar por la desaparición de su hija.
Este viernes 2 de julio al mediodía, sosteniendo un mismo cartel que decía «te esperamos», la madre y el padre lideraron una concentración que en cada edición suma más participantes y hoy sobrepasó las 150 personas que caminaron las calles de la ciudad cantando «Señor, señora, no sea indiferente, se llevan a las niñas en la cara de la gente», un cántico de los feminismos populares, adaptado para la ocasión.
Antes del mediodía, el juez penal Parrilli, a cargo de la causa que investiga la desaparición de Guadalupe, recibió a Susana Trimarco, presidenta de la Fundación María de los Ángeles y activista en la lucha contra la trata de personas.
En la reunión con el magistrado, Trimarco estuvo acompañada por Betina Laguna Mendoza, asesora de la Fundación, y por su abogado José D’Antona, en un encuentro que se realizó en las instalaciones del edificio judicial de la ciudad de San Luis.
La llegada de la activista a San Luis dio especial fuerza a la hipótesis sobre trata de personas que nunca se dejó de investigar en el fuero local, a pesar de que la edad de la niña, 5 años, abre especulaciones sobre la imposibilidad de que haya sido víctima de ese delito. También se considera la posibilidad de un secuestro extorsivo y ambos delitos pertenecen al fuero federal, una competencia pedida por Trimarco, de manera colaborativa, para avanzar en la investigación.
Por ello, se espera que uno de los resultados de su reunión con Parrilli sea que el juez disponga en breve que en el expediente pueda haber una competencia compartida. Esta tarde, se espera que la mujer brinde una conferencia de prensa en el Hotel Internacional de Potrero de los Funes, donde dará detalles del escenario que encontró en San Luis y los resultados de los diálogos sostenidos con autoridades policiales, del Poder Ejecutivo y Legislativo puntano.
