Alberto Fernández impuso, a traves de un decreto, el «Estado de Emergencia Hídrica» por 180 días en la región de la cuenca del río Paraná que afecta a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires, ante la histórica bajante que se registra en esa región.
La decisión faculta al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en su carácter de presidente del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, a «delimitar las áreas afectadas por la emergencia».
Los ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo establecerán las acciones pertinentes para la preservación de la actividad productiva y puestos de trabajo; Obras Públicas dispondrá y monitoreará la realización de obras de infraestructura; Seguridad, a través del Sistema Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo de Emergencias (SINAME), planificará las medidas de apoyo y toma de decisiones, y por intermedio del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), asistirá las poblaciones ribereñas.
En esa línea Ambiente y Desarrollo Sustentable mantendrá el control de incendios, y el Ministerio de Transporte «observará las posibilidades de navegación y acceso a puertos; el Instituto Nacional del Agua brindará sus servicios técnicos con relación a la emergencia; la Secretaría de Energía, asegurará el abastecimiento de energía eléctrica y el Ministerio del Interior se encargará de la coordinación con las provincias afectadas».
Por su parte, el Banco Nación y la AFIP dispondrán la asistencia en materia crediticia e impositiva, respectivamente.
