El Comité Nacional de Paro en Colombia, que reúne a las organizaciones sociales y centrales obreras convocantes a las protestas que estallaron el 28 de abril contra el presidente Iván Duque, anunció hoy la suspensión de las movilizaciones hasta el 20 de julio, y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez garantizó que los responsables de los 21 homicidios ocurridos durante las protestas responderán ante la justicia.
“Hemos decidido hacer una interrupción temporal de las movilizaciones recurrentes que veníamos haciendo los miércoles. Esto no significa que la movilización social se pare en Colombia, continúa porque las causas que la han generado se mantienen vigentes”, dijo Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), en declaraciones a Blu Radio.
El líder sindical anunció que el próximo 20 de julio radicarán proyectos de ley, diseñados con académicos y discutidos con diferentes actores sociales, con las peticiones del pliego de emergencia de 2020, para lo cual convocarán movilizaciones hasta el Congreso de la República.
Ese día también se organizará un concierto nacional denominado “Duque no negocia”, en coincidencia con el primer aniversario de la presentación de dichas peticiones.
Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), agregó que como no hay garantías para la protesta, esperan que el cese temporal permita salvar vidas, informó el diario colombiano El Espectador.
El pliego nacional de emergencia surgió en medio de la pandemia de coronavirus e incluye varias medidas de carácter económico y social, como una renta básica para 30 millones de personas, matrícula cero en las instituciones de educación superior pública y la defensa de la producción nacional.
Las protestas que sacuden el país desde hace más de un mes comenzaron como una movilización contra la reforma fiscal planteada por el Gobierno, pero una vez retirada, la convocatoria se amplió a nuevas medidas para atajar la desigualdad en el país.
Al menos 61 personas, dos de ellos uniformados, murieron desde que iniciaron las protestas, según autoridades y la Defensoría del Pueblo (ombudsman), que vela por los derechos humanos; no obstante, la fiscalía solo dio cuenta solo de 21.
Hoy, durante un evento en Madrid, donde se encuentra de visita, la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, garantizó que los responsables de esos 21 homicidios ocurridos durante las protestas antigubernamentales responderán ante la justicia, sean de las fuerzas de seguridad o civiles.
«De esas 21 muertes, tiene que haber responsables, cualquiera que sea, si es de la fuerza pública o si es un civil que ocasionó esas muertes, tiene que tener su responsabilidad penal», afirmó Ramírez, citada por la agencia de noticias AFP.
«Hay investigaciones en cada caso por la fiscalía para determinar si fueron causadas por la fuerza pública o si han sido causadas por el vandalismo» durante las protestas y que para el gobierno se vieron infiltradas «por grupos minoritarios» que buscan causar «destrucción».
También informó que ya hay cuatro policías investigados, a quienes «se les ha incriminado por participación en muertes de algunas personas».
La fiscalía también identificó más casos en los «que puede haber habido ese abuso de autoridad y esa violación de derechos humanos y esos son policías que están hoy en investigación», agregó.
Además, de acuerdo al Ministerio de Defensa, cerca de 2.500 personas, entre civiles y miembros de la fuerza pública, quedaron lesionados en ese contexto.
Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó la semana pasada a Colombia para analizar 584 presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas durante las protestas, la mayoría a manos de la fuerza pública.
