Mariano Macri, el hermano menor del expresidente, se presentará como querellante en la causa penal donde se investiga el acuerdo para licuar la deuda del Correo Argentino y favorecer al grupo empresario durante el gobierno de Cambiemos. Apuntará al manejo de sus hermanos, en particular a Mauricio y a Gianfranco, y a otras personas vinculadas a la empresa SOCMA, accionista y controlante del Correo, ya que sospecha que hubo maniobras de vaciamiento y otras posibles defraudaciones que pudieron haberlo perjudicado a él como parte de esa firma, además de al Estado.
El planteo de Mariano se centrará en que las presuntas irregularidades ocurrieron a su espalda, lo que se condice con algunos reclamos que ya hizo con anterioridad ante la justicia civil, donde impugnó asambleas y denunció que le impedían acceso a los balances y actas de directorio. El expediente que tramita en Comodoro Py está a cargo del juez federal Ariel Lijo y cuenta con dos informes técnicos de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) que respaldaron la hipótesis de que el gobierno de Macri, con él de los dos lados del mostrador, intentó favorecer a la empresa postal con una quita de su deuda superior al 92 por ciento.
Mariano Macri confirmó a Página/12 su intención de querellar, que deberá ser evaluada por el juez Lijo y el fiscal que interviene actualmente, Eduardo Taiano. Todo indica que hará la presentación judicial esta semana, quizá el jueves. Parte de la base de que él podría ser una víctima de acuerdos y manejos espurios. Esto se debe a que tiene una participación de un 20 por ciento en SOCMA, que es la empresa pilar del grupo empresario y clave en el asunto del Correo.
El resto se reparte entre su hermana Florencia, que tiene otro 20 por ciento, sus sobrinos (hijos de Sandra Macri, quien falleció), mientras que Gianfranco tiene un 40 por ciento, porque además de su propia parte se quedó con la que Mauricio Macri le había cedido a sus hijxs. Cuando vivía, Franco Macri mantenía el usufructo. Había donado las acciones tiempo antes.
La causa penal por el Correo surgió cuando se conoció en 2017 un dictamen de la fiscala ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, que revelaba que el gobierno de Macri había firmado un acuerdo, en nombre del Estado, con la empresa postal de su propia familia, por el cual se licuaba el 98,87 por ciento de la deuda que tenía con todos sus acreedores, en un plan de pagos hasta 2033 y sin tener en cuenta la tasa de interés adecuada (la tasa activa del Banco Nación).
Al día de hoy, el cálculo de la fiscalía es que la deuda asciende a 6000 millones de pesos. Pasaron 20 años desde que comenzó el concurso de acreedores, que se cumplieron el 19 de septiembre, y la deuda sigue sin ser saldada. Los Macri perpetuaron maniobras dilatorias hasta la actualidad. La jueza Marta Cirulli decretó la quiebra este año, pero lograron que esté todo en suspenso, a la espera de fallos de la Cámara Comercial y de la Corte Suprema. En el ínterin hubo denuncias y hasta un sumario administrativo dirigidos contra Boquin, que recién ahora fueron cerrados.
