Un consejero de la Magistratura de la Nación presentó hoy ante el órgano una denuncia por «mal desempeño» contra la jueza Karina Mariana Zucconi, al señalar que la magistrada demostró un «desprecio de circunstancias objetivas» que «tornaban inviable» la libertad del comerciante acusado de violar a una joven venezolana en el barrio porteño de Balvanera.
Además, en el escrito, el consejero Diego Marías solicita que se disponga la apertura del procedimiento correspondiente para la remoción de Zucconi, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 15, y que se ordene su suspensión y se formule una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.
La denuncia indica que, de acuerdo al Código Penal, la pena prevista para el delito de «abuso sexual agravado con acceso carnal», por el que fue imputado Irineo Humberto Garzón Martínez, no permite que el acusado se mantenga en libertad ni que, en caso de ser condenado, se vea beneficiado con la libertad condicional.
En ese sentido, el consejero sostiene que la jueza no sólo omitió dichas disposiciones sino que resolvió dejarlo en libertad a pesar de advertir que Garzón Martínez había informado como propio el domicilio de su hermana, quien luego se presentó a declarar y dijo que él no vivía con ella, sino que residía en el local de local de la calle Paso 693, donde ocurrió el hecho.
«Dicho de otra forma, la jueza soslayó un dato objetivo que verifica el riesgo de fuga en este caso, y omitió otras circunstancias fundamentales, como el hecho de que el imputado intentó retirarse del lugar cuando los preventores ingresaron al local y que no abrió la puerta del inmueble cuando la policía llamó, manifestando que ‘estaba trabajando'», sigue el escrito.
Por ese motivo, Marías considera que esos «datos objetivos afianzan la existía de riesgo procesal», y que el accionar de Zucconi «constituye un supuesto de mal desempeño» de acuerdo a lo previsto por la Constitución Nacional.
La decisión de Zucconi se conoció el jueves pasado, cuando procesó al acusado pero decidió que permaneciera en libertad, aunque «condicionada a que cumpla con las reglas impuestas al momento de concederle la excarcelación», entre ellas, la prohibición de tomar contacto por todos los medios con la víctima.
También, de acuerdo a la decisión de la magistrada, el acusado no puede salir del país y se le embargaron sus bienes en 90.000 pesos.
La resolución fue rechazada tanto por la fiscal Silvana Russi, quien apeló el fallo por considerar que existe «peligro de fuga» y de «entorpecimiento de la investigación»; y por el abogado Pablo Baqué, quien representa a la joven víctima del abuso.
