La Comisión de Refugiados (CORE) de Uruguay dictaminó que se debe rechazar el pedido de asilo como refugiado político de Fabian “Pepín” Rodríguez Simón. El operador judicial de Mauricio Macri había pedido al país vecino que le de amparo porque se considera un perseguido político. En rigor, no quiere rendir cuentas en la causa penal donde está acusado de extorsión y amenazas a los accionistas del Grupo Indalo, por lo que la jueza María Servini ordenó su captura internacional y lo declaró en rebeldía. La extradición debe ser resuelta por la jueza uruguaya Adriana Chamsarian.
La evaluación de la CORE se hizo esperar, pero fue enviada finalmente a la jueza la semana pasada (antes de que se venciera el plazo de 90 días establecido), quien mantiene el expediente bajo secreto de sumario. El informe de la comisión aconseja desestimar el pedido de refugio del hombre que tenía escritorio en la Casa Rosada pese a no formar parte del Poder Ejecutivo. Era, en lo formal, director de YPF, y sigue siendo integrante del Parlasur, donde avanza una acusación para expulsarlo de ese cuerpo.
La evaluación de la CORE no es vinculante para la jueza Chamsarian, pero tiene fuerte peso. Esa comisión tiene representantes variados/as: del Ministerio de Relaciones Exteriores; de la Dirección de Migración; de la Universidad de la República, del Poder Legislativo; de organizaciones no gubernamentales; del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o su representante (cómo miembro invitado). Lo primero que debe hacer la magistrada es evaluar el dictamen enviado y decidir si lo refrenda. Tendrá que expedirse sobre la orden de detención que había firmado la jueza Servini y que llevó a que Interpol emitiera una alerta roja. Es decir, se abre la posibilidad de que se concrete la detención de Rodríguez Simón si el juzgado lo evalúa necesario. Por último, tendrá que resolver si lo extradita para que sea juzgado en Argentina.
Es posible que la defensa del operador macrista intente alguna instancia de revisión de lo definido por la CORE, cuanto menos para intentar seguir estirando los tiempos. Cuando salió el a la luz el pedido de refugio de Rodríguez Simón, de mayo último, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou hizo saber que su gobierno no pondría obstáculos al proceso de extradición. Fuentes oficiales de esa administración señalaron a Página/12 que sería algo extraño o no habitual que la la jueza adopte una decisión en sentido distinto a la CORE.
Rodriguez Simón tiene pendiente prestar declaración indagatoria ante la jueza Servini por las presiones a Fabián De Sousa y Cristóbal López, que además ejercía en nombre del gobierno de Macri. Ambos empresarios llegaron a estar presos dos años durante el gobierno de Cambiemos. También está comprometido en la causa sobre la “mesa judicial macrista” donde la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, relató que amenazó con meterlas presas a ella y a sus hijas.
