El Observatorio Social de la UCA destacó que las políticas sociales del Gobierno nacional «estuvieron presentes en el contexto de crisis Covid-19, no sólo a través de las políticas de transferencias de ingresos, programas de empleo y ayudas alimentarias ya existentes, sino también a través de mecanismos compensatorios implementados en el marco de la pandemia».
Entre ellos, la casa de altos estudios mencionó al «Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), bonos extraordinarios a AUH y Tarjeta Alimentar, así como mediante los refuerzos extra realizados en la entrega de viandas y bolsones de alimentos o el retiro de los mismos de comedores comunitarios».
De acuerdo con la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) de la UCA, 47,4% de hogares y alrededor de 55,5% de personas recibió alguna de estas asistencias sociales en 2020, porcentajes que reflejan un crecimiento significativo entre 2019 y 2020.
Si bien estas medidas permiten «amortiguar el impacto de la actual crisis» sobre las condiciones de vida, «no bastan para compensar la retracción económica, la destrucción de empleo y el aumento del empobrecimiento», aclaró sin embargo la UCA.
En el contexto de crisis, no sólo hay más pobres, sino que los pobres crónicos son más pobres, advirtió el trabajo, que también recordó que «esta epidemia, las medidas convocadas y sus efectos tienen lugar, en el caso argentino, bajo un contexto de estanflación, crisis de deuda y parálisis económica estructural».
En este marco, añadió, «lejos de constituirnos en una sociedad más igualitaria, cabe advertir que la situación amplia desigualdades materiales, sociales y simbólicas».
Por ello, añadió, además de «la necesidad de coordinar políticas activas para atender la emergencia, crecen los desafíos políticos para el día después de la misma».
La mayor parte de las medidas de gobierno adoptadas buscaron reducir los efectos de la parálisis económica, sin las cuales la situación social habría sido más grave.
Sin embargo, concluyó, «no hay posibilidades de cambiar la situación estructuralmente crítica que afecta a los sectores más vulnerables si no es a través de la puesta en marcha un plan de reactivación del mercado interno, tanto formal como informal».
