Durante cuatro meses el empleado de una distribuidora fue cometiendo un robo hormiga hasta acumular unos cinco millones de pesos. Ocurrió en Posadas y el dueño del lugar pudo descubrir la maniobra por las cámaras de seguridad.
Carlos Cerquetella explicó que uno de los empleados- el encargado de la apertura y cierre de la caja- se quedaba con el dinero de las primeras ventas del día, estimando el perjuicio entre 50.000 y 90.000 pesos diarios.
La acusación recayó sobre Gonzalo Daniel Flores, de 31 años. Cerquetella aportó como prueba de los hurtos las imágenes de una cámara de seguridad instalada en el sector donde el empleado infiel realizaba su trabajo.
El comerciante dijo que realizó un control de las imágenes y estableció que la maniobra delictiva comenzó hace unos cuatro meses y que el monto con el que se quedó Flores superaría los cinco millones de pesos.
Cerquetella señaló que el viernes advirtió por qué al final de cada jornada no se descubría el faltante en la caja: el empleado realizaba el cobro entregando el ticket correspondiente al cliente, pero la copia la guardaba para que no apareciera al final de la jornada.
«Cazado» por una cámara de seguridad
El viernes, a las 8.51, la cámara captó el momento en que Flores dejó bajo su mano ese comprobante para luego colocarlo bajo su celular. Apenas el cliente se retiró, el empleado también se alejó llevándose la factura.
Una vez corroborada la maniobra, los policías le pidieron a Cerquetella que citara a Flores a su oficina. El comerciante se comunicó por teléfono y le pidió que se acercara porque había advertido un problema de caja.
Apenas el empleado llegó, los policías lo demoraron y luego trasladaron a una comisaría por disposición del Juzgado de Instrucción. Además, se le secuestró el teléfono celular para un peritaje. Con esto buscarán establecer qué destino tuvo el dinero hurtado.
Por disposición judicial, policías de Cibercrimen realizaron una copia de las grabaciones de las cámaras de seguridad, principal prueba incriminatoria para Flores.
Y no se descarta que el juez a cargo del caso ordene allanamientos en busca de dinero o bienes que el ahora detenido haya adquirido en los últimos tiempos y no tengan relación con sus ingresos.
