Hasta octubre se anunció que se había achicado la planta estatal en 34 mil puestos. Los gremios del sector se mantienen en alerta
En los gremios estatales se mantienen en estado de alerta ante la posibilidad de que varios contratos dejen de tener vigencia el 31 de diciembre. Afirman que son más de 57 mil los puestos en juego en las distintas reparticiones del Estado. Desde el Gobierno no hay una previsión de cuántas personas pueden quedar al margen de la administración pública. Si bien en los últimos días se anunciaron recortes importantes en la secretaría de Derechos Humanos y en el Ministerio de Justicia, se desconoce hasta dónde llegarán los despidos.
De acuerdo a lo publicado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, hasta octubre la planta estatal se había achicado en 34 mil empleados, lo que significó una reducción del 7% respecto de diciembre de 2023.
En un primer momento, el gobierno de Javier Milei decidió rescindir el vínculo con todos aquellos que hubieran ingresado durante el último año de la gestión de Alberto Fernández. Y luego implementó una revisión trimestral que le permitió disminuir el déficit fiscal y la reestructuración de diferentes áreas.
El impacto de la motosierra, que para 2025 prometen profundizar, también alcanzó a la estructura de los ministerios, que se redujeron a solamente ocho, y a la eliminación de organismos como el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE). Otros entes como el Conicet, el INCAA, la Coneau, el INCUCAI y la ANMAT enfrentaron reestructuraciones que derivaron en importantes reducciones de personal. Asimismo, la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ahora denominada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), eliminó más de 3.000 cargos jerárquicos en su reorganización.
En paralelo a estos ajustes, el Gobierno implementó exámenes de idoneidad obligatorios para cerca de 40.000 empleados con contratos temporales, quienes deberán aprobar estas evaluaciones para garantizar la continuidad de sus funciones. Además, se intimó a 10.000 trabajadores de planta permanente a iniciar los trámites jubilatorios si cumplen con los requisitos, como parte de un plan general para optimizar la estructura estatal. En la Casa Rosada, por ejemplo, varios de los integrantes de Ceremonial, Protocolo y Comunicación fueron incluidos en este último grupo.
La implementación de estos exámenes, severamente cuestionados por los sindicatos del sector, les da cierto “respiro” a muchos de los contratados. Para darlos cuentan con tres oportunidades. Por eso, automáticamente, si ya rindieron una vez sin éxito, se les prorroga el contrato por dos meses más.
Sturzenegger anunció ayer que 104 de los 144 integrantes que tenía la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), un organismo que se había creado durante el kirchnerismo tras la sanción de la Ley de Medios para recibir denuncias sobre los “abusos” de los periodistas, no serán renovados.
“La resolución 107 baja la planta de 144 empleados a 40, aliviana la estructura, remata el estudio de televisión y restringe el uso del organismo como herramienta de persecución. De cualquier manera el Congreso se debe el debate sobre si queremos este tipo de instituciones”, expresó el funcionario en un largo posteo en X, donde contó que “desde su creación en 2009 los argentinos hemos contribuido 70 millones de dólares para sostener este organismo que juntaba denuncias”.
En la Secretaría de Derechos Humanos la situación también es muy tensa. Este jueves se viralizó en X un video en el que se ve al funcionario Alejandro Urroz, en una fuerte discusión con el sindicalista Daniel Catalano, de ATE Capital. “Si no estás satisfecho con esto, andate de este Gobierno de mierda, pero si te la bancás acá tiene que ser con nosotros adentro”, le dicen a Urroz en voz alta, mientras los trabajadores gritan de fondo “que se vaya, que se vaya”. A las 17 harán un abrazo a la ex ESMA donde funciona la Secretaría, porque consideran que podrían cerrarla.
Daniel Catalano y su fuerte discusión con un funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos que funciona en la ex ESMA.
Algo similar ocurre dentro del Ministerio de Justicia tras la confirmación del vocero presidencial, Manuel Adorni, el 17 de diciembre sobre la finalización de más de 2.400 contrataciones irregulares en el Ministerio de Justicia que pagaba el ente cooperador ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores). Todavía subsiste el conflicto porque no hay acuerdo para el pago de las indemnizaciones que corresponden por ley.
Unos 400 de esos empleados trabajaban en la Dirección Nacional de Registros del Automotor (DNRPA), mientras que el resto eran personal contratado hace casi 20 años bajo esa modalidad y que cumplían funciones en otras dependencias de Justicia, y que llegaban incluso a incluir personal de limpieza de varias dependencias en todo el país.
Esta mañana el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar escribió en Twitter una advertencia al Gobierno por los eventuales despidos. “El 2025 tiene que ser el año en el que le robemos la motosierra y les cortemos la cabeza a ellos”, sostuvo en referencia a los integrantes del gobierno nacional en declaraciones radiales que fueron en el mismo sentido que su tuit. A su vez, indicó que no quiere “que le vaya bien” al presidente Javier Milei.
“El próximo año la estabilidad tiene que volver a ser un derecho en el empleo público. Tenemos que lograr que recuperen el poder adquisitivo los salarios y jubilaciones e impedir que se siga desguazando el Estado y rematando el patrimonio estatal”, instó el gremialista, uno de los más críticos de la política libertaria.
“Seguimos demandando la anulación del Sistema de Evaluación Pública, hay que incorporar en la planta permanente a ese universo de trabajadores que ya se presentó a rendir y que en el 96% de los casos aprobaron en primera instancia los exámenes”, agregó.
