El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas envió notificaciones a las concesionarias del Acceso Norte (autopistas del Sol) y del Acceso Oeste (Grupo Concesionario del Oeste) respecto de los resultados de la auditoría que analizó la prórroga de las concesiones realizadas durante el gobierno de Mauricio Macri hasta el 2030.
Los Acuerdos Integrales de Renegociación para las principales autopistas de acceso a la Ciudad de Buenos Aires arrojaron múltiples irregularidades y dieron pie para que el Poder Ejecutivo cuente con una prueba documental que permita avanzar en la rescisión de las concesiones. De hecho, ambas empresas -que fueron socias de la exfamilia presidencial- comunicaron la novedad a la Comisión Nacional de Valores. Y tienen listos, tras bambalinas, sendos juicios al Estado para resistir cualquier intento de ser “desalojadas”.
Los documentos y conclusiones finales de la auditoría, así como los movimientos que generaron tanto en el Gobierno como en las empresas fueron reveladas por el programa “Brotes Verdes” del canal C5N. Allí se había iniciado el caso “Autopistas del Curro” que detectó que Dietrich había celebrado y coordinado la prórroga de las concesiones para ambas autopistas hasta 2030 sin licitación, en una negociación que llevó adelante Javier Iguacel por Vialidad Nacional, donde intermediaron por el Estado los mismos abogados que habían asesorado antes a las empresas.
La auditoría fue implacable en sus conclusiones: el contrato con el que Dietrich benefició a Ausol y a GCO le aseguraba teóricamente un recupero de la deuda en dólares más el 8%. Sin embargo, los peajes obviamente se perciben en pesos, con lo que el monto real de la deuda reconocida continúa incrementándose.
El monto real que le garantizó Dietrich a ambas empresas, cuyo capital accionario estuvo asociado a SOCMA de la familia Macri fue de u$s1.161 millones, compuestos de capital más intereses capitalizables. Pero como además se dejó asentado que ese monto sea “libre de impuestos”, el Estado sacrificó el cobro de tributos en concepto de Impuesto a las Ganancias por otros u$s619.444.523 -algo que fue declarado por las propias concesionarias-. Esto, eleva el importe final reconocido como deuda a Ausol y GCO en u$s1.780 millones, una cifra superior a la que se pensaba en un comienzo.
