El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) apeló una sentencia que le imponía cubrir “de inmediato” las necesidades económicas de una madre y sus cuatro hijos en “situación de calle”, por no poder pagar el alquiler del inmueble que ocupaban en el conurbano bonaerense, informaron hoy fuentes judiciales.
La jueza en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad Elena Liberatori, que dictó aquella resolución, habilitó la feria para dar curso al trámite del recurso y notificó a la demandante, identificada por sus siglas como A.I.D., para que dentro del plazo de tres días replique los fundamentos de la apelación.
Días atrás, el pasado 6 de enero, Liberatori había dispuesto que el Gobierno porteño debía brindar asistencia para cubrir la totalidad del monto de un alquiler, 32.000 pesos mensuales, a través del “Programa Atención a Familias en Situación de Calle” o “mediante otros modos que estime aptos a dichos fines”, hasta que se dicte sentencia definitiva.
En la demanda, y asesorada por un defensor oficial de la Ciudad, A.I.D. pidió la ampliación de un subsidio que se le había otorgado en julio de 2020, porque semanas atrás los dueños decidieron no renovar el contrato de locación del inmueble que con su grupo familiar ocupaba en la provincia de Buenos Aires.
Además, la defensoría oficial sostuvo haber encontrado un inmueble, también en el conurbano bonaerense, que era apto para que la mujer y sus cuatro hijos (tres de ellos menores de edad) pudieran alojarse, pero como carecía de fondos para afrontarlo pidió la ampliación de la cautelar.
“Considero que corresponde hacer sin más lugar a lo peticionado”, concluyó la jueza tras evaluar la situación de “alta vulnerabilidad” de los demandantes, a quienes calificó como “un grupo familiar mono marental, a cargo de una mujer sola al cuidado de tres hijes menores en plena situación de calle”.
Además, Liberatori había señalado que, para resolver el caso también se debía tener en cuenta la “perspectiva de género”, contemplada en la Constitución de la Ciudad.
En respuesta, el apoderado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Fernández Tarzia, presentó una apelación en la que argumentó que «la resolución agravia al GCBA” porque “desconoce la normativa vigente en la materia de subsidios habitacionales”.
“La amparista solicita el aumento del subsidio que percibe en atención al nuevo contrato de alquiler que celebró, pero corresponde destacar que en ningún momento notificó al Programa Atención para Familias en Situación de Calle las condiciones del nuevo contrato, ni tampoco el costo del mismo”, agregó el letrado.
Finalmente, el apelante expuso que ante la falta de documentación, ya que solo se aportó “un simple recibo de librería”, no está probada la titularidad del inmueble, y precisó “no se puede verificar que el dinero del subsidio sea destinado con fines habitacionales”.
