La iniciativa es del diputado dl PRO y establece la esencialidad de la Educación. Sumaron al temario los presupuestos universitarios, que era lo que pedían los radicales. Se espera una sesión de alrededor de 30 horas
Finalmente la cámara de Diputados sesiona para tratar el temario fallido de la semana pasada, más la declaración de Servicio Esencial de la Educación, la norma que se conoce como Ley Finocchiaro, y los presupuestos de las universidades nacionales.
Los bloques de La Libertad Avanza y el PRO -los que pidieron la sesión- con sus pares de la UCR y de Encuentro Federal lo acordaron minutos antes del inicio del debate, que comenzó sobre las 11:43, una vez que se alcanzó el quórum de 129 legisladores necesarios.
La temperatura del debate se elevó de manera considerable por la intención del bloque de Unión por la Patria y de la Izquierda para apartarse del reglamento e incorporar, por ejemplo, un proyecto de ley para sancionar a los seis diputados de La Libertad Avanza que fueron a la cárcel de Ezeiza a visitar a un grupo de represores. Los gritos entre Germán Martínez y Martín Menem alteraron el clima en el recinto. Finalmente la solicitud fue rechazada por mayoría.
La suma del debate de los fondos para las Altas Casas de Estudios destrabó la discusión y aseguró el quórum con la presencia de los legisladores de los bloques que comandan Miguel Angel Pichetto y Rodrigo De Loredo.
Unión por la Patria se reunió antes para definir si bajaba o no al recinto. Y una vez que se consiguió el número de diputados, sus representantes ingresaron para ocupar sus bancas.
La Ley Finocchiaro establece, entre otros puntos, que, en caso de paro, el 30% del personal de la escuela deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de huelga, para garantizar la continuidad de las clases. Si la medida de fuerza se prolonga por más de dos días, este porcentaje se incrementaría al 50%. De esta manera, aunque se permitiría la realización de las protestas, estas deberían llevarse a cabo bajo las condiciones estipuladas por la nueva normativa.
Para asegurar el cumplimiento de la ley, uno de los artículos del proyecto especifica que, a principios de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deberán informar a las autoridades sobre la “nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento” de esta medida. Esto permitiría una planificación anticipada y evitaría la interrupción total del servicio educativo durante las huelgas.
