El titular del Enacom, Caludio Ambrosini, definió hoy a la Prestación Básica Universal como un nuevo derecho» que determina la accesibilidad a los servicios de internet, televisión por cable y telefonía móvil y fija.
«La creación de la Prestación Básica Universal (PBU) es un nuevo derecho», dijo Ambrosin a Télam al destacar que «a partir del Decreto 690, después transformado en ley y ratificado por el Congreso, se vieron las particularidades del alcance» de la PBU.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó ayer una reunión con funcionarios y con más de 40 rectores de universidades nacionales para brindar detalles sobre el alcance y el posible impacto de la PBU, una herramienta que facilitará el acceso a Internet para docentes, alumnos e investigadores.
«Destacamos el alcance de todo esto para que los rectores sean un vehículo de comunicación hacia los alumnos que están en condiciones, tanto ellos como sus familias, de poder acceder a la Prestación Básica Universal», explicó.
El titular del Enacom resaltó que «es muy importante para el universo académico poder acceder a Internet a precios razonables y por eso es muy importante esta Prestación Básica Universal».
Ambrosini agregó que en la reunión con rectores que se realizó ayer en la Casa Rosada, se explicaron los alcances de la Resolución Enacom 1467/20, que estableció la Prestación Básica Universal para los servicios de Internet, televisión por cable y telefonía móvil y fija.
Esta iniciativa es reglamentaria del Decreto 690/20, que declara a los servicios TIC como públicos esenciales y en competencia, «con el objetivo de garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por cualquiera de sus plataformas», dijo.
Según las estimaciones realizadas por el sistema universitario nacional, entre un 10 y un 12% de los integrantes de la comunidad académica tuvieron dificultades para solventar la conectividad durante la pandemia de coronavirus y fueron las casas de altos estudios las que debieron lanzar diversos programas para amortiguar esas falencias.
En tanto, hacia mediados del año pasado, el Gobierno nacional publicó un DNU -luego ratificado por el Senado- que declaraba a la prestación de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como «servicios públicos y esenciales en competencia», con lo que el Estado retomó su función regulatoria a la hora de fijar los aumentos de tarifas y de establecer que las empresas del sector deben obligatoriamente dar conexión a Internet a través de la PBU.
