Casi seis de cada diez empleados públicos nacionales realizan sus tareas en la Ciudad de Buenos Aires, lo que deja en evidencia un desequilibrio regional en la asignación de recursos que debe ser tenido en cuenta en las discusiones sobre una futura modificación del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
Así lo planteó a Télam el investigador del Instituto de Economía Aplicada y Sociedad (Ideas), Juan Yannuzzi, en medio del conflicto entre CABA y la Nación, que se dirime en la Corte Suprema de Justicia, referido a la asignación de fondos dentro del régimen establecido en 1988, cuando el distrito aún no contaba con autonomía.
«En las discusiones sobre cuánto debe corresponderle a la ciudad por coparticipación no se tiene en cuenta que las transferencias tienen muchas dimensiones y no todas son directas y tangibles», explicó, en alusión a los argumentos a favor y en contra de fijar una alícuota de 1,40% para el distrito, dos veces y media menos que el 3,50% vigente hasta septiembre de 2020.
Al respecto, desde el gobierno porteño se adujo que CABA cuenta con cerca del 6,5% de la población total de la Argentina y su economía representa aproximadamente el 20% del PBI, por lo que la alícuota asignada estaría notoriamente subvalorada.
En ese aspecto, «es donde la defensa de la Ciudad tambalea dado que no hace una limpieza respecto de los beneficios que recibe por el hecho de ser la capital del país», sostuvo Yannuzzi, en referencia a una serie de recursos indirectos que, si bien no forman parte de las transferencias nacionales, tienen un efecto que no puede ser omitido del análisis del federalismo fiscal.
«Por ejemplo, por ser capital es la sede de embajadas y además de casas matrices, tesoros y sede fiscal de la mayoría de las empresas y países con representatividad y operaciones comerciales a nivel nacional», detalló, para adentrarse en el principal aspecto, ya que «es la locación del Estado federal, pero funciona como una provincia en cuanto a sus finanzas».
