La investigación que lleva adelante la justicia federal de La Plata sobre la mesa judicial bonaerense para perseguir dirigentes sindicales durante la gestión de María Eugenia Vidal, imputada ahora en la causa, se concentra también en la utilización de la telefonía encriptada o satelital para comunicarse entre los miembros de dicha mesa.
En ese sentido, el juez Ernesto Kreplak le solicitó a la la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que «informe –previo levantamiento de la clasificación de seguridad conforme título V de la ley 25.520— si de los registros de ese organismo obran constancias que den cuenta que se les haya asignado» ese tipo de teléfonos a los imputados.
La solicitud menciona específicamente a Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia provincial); Roberto Gigante (exministro de Infraestructura); el senador provincial de Juan Pablo Allan; el intendente de La Plata, Julio Garro; Diego Dalmau Pereyra, exdirector de Contrainteligencia de la AFI; Darío Biorci, exjefe de Gabinete de Silvia Majdalani; y Juan Sebastián De Stéfano, exjefe del área de Jurídicos de la central de espías.
Incluye también a Jorge Oscar Del Río (vicepresidente de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires Apymeco); a Fabián Cusini (constructor inmobiliario, presidente de Agrineco); Fernando Sacrachi (director de ACIP) y Bernardo Zaslascky (director de Acimco, Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción).
El juez pretende saber si todos ellos contaban con «aparatos de telefonía encriptada o satelital» y, de ser así, pidió a la AFI que «indique los números de abonados de los mismos y si fueron devueltos» a esa agencia.
Los imputados son quienes participaron de una reunión realizada en el 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la que se acordó avanzar en el armado de causas judiciales para perseguir a dirigentes sindicales, una estrategia que, de acuerdo con los audios que trascendieron, tendría el aval del procurador bonaerense Julio Conte Grand.
Conte Grand fue citado para el martes próximo a la subcomisión bicameral de inteligencia del Congreso Nacional, donde el comisario Hernán Cassasa confirmó el jueves que son de su autoría los audios en los que menciona el accionar de la «mesa judicial» macrista y en los que detalla quiénes eran los funcionarios que la integraban.
Días atrás la justicia ya había ordenado investigar las llamadas del teléfono de la exgobernadora Vidal para determinar si tuvo participación en el armado de la mesa judicial, pero aún no fue decidida una medida similar para el caso de Conte Grand.
