El juez federal Casanello y el fiscal Pollicita esperan los resultados del análisis de las pruebas para avanzar con la investigación. Las defensas de los imputados preparan su primera jugada: quieren la nulidad de la causa
El juez federal Sebastián Casanello dispuso la inhibición de bienes de las personas y las cooperativas que fueron allanadas el lunes pasado en el marco de causa que investiga si referentes de movimientos piqueteros extorsionaban y amenazaban a beneficiarios de planes sociales. Pero además el magistrado pidió al INAES (Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social), que es la autoridad de aplicación de las Leyes de Cooperativas y Mutuales, que audite el funcionamiento de las cooperativas involucradas. La expectativa, sin embargo, es esperar al análisis de toda la documentación y pruebas que se lograron obtener en los procedimientos: los celulares serán claves, indicaron a Infobaefuentes judiciales.
No obstante, las defensas de los implicados ya comenzaron a moverse. Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero que no está involucrado en el expediente, dijo a este medio que los abogados recién pudieron tener acceso a la causa ayer. Apuntan contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y cuestionan que habló de los procedimientos cuando aún no habían finalizado.
La ministra por su parte pidió ayer ser querellante en la investigación. Sin embargo, el juez Casanello evalúa si la acepta, sobre todo porque la policía es un auxiliar de la justicia y no se explicó cuál sería el rol de víctima de esa repartición pública, señalaron las fuentes consultadas.
La causa se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.
Pero los acusados cuestionarán esa prueba. ”¿Y si son testigos armados para correr a los compañeros de los barrios que dan contención frente a los narcos?”, dijo Belliboni a este medio. El juez resolvió volver a llamar a declarar a esos testigos, bajo identidad reservada, para poder escucharlos.
“Ha podido comprobarse preliminarmente que, al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres (3) grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social —personas en situación de alta vulnerabilidad social—, bajo diversos conceptos —“cápitas”, “cuotas”, “alquiler de comedor”, etc.—, cobrarles por la entrega de alimentos —pese a que los recibían gratuitamente del Gobierno Nacional—, obligarlos a vender por la zona la comida recibida del Estado Nacional —quedándose los acusados con la ganancia— y/o forzarlos a participar de “movilizaciones” de las agrupaciones políticas a las que pertenecen —e incluso en algún caso repartir volantes de candidatos a comicios electorales—; todo ello bajo la expresa amenaza de que, en caso de no cumplir con esas exigencias, se les daría de baja de la prestación social y/o se les negarían los alimentos y la mercadería”, sostuvo el fiscal Pollicita en su acusación.
En su dictamen aparecen números chats que sostienen su imputación bajo la figura amenazas coactivas, extorsión y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. No obstante también se está evaluando si pudo existir lavado de dinero. “Buenas noches compañeros. Estos son los que no van a retirar la mercadería de Nación porque tienen cero movilizaciones”, dice uno de los mensajes que emitió a un grupo de Whastapp Patricia Iramain, una de las delegadas.
El fiscal había pedido allanamientos para indagar y detener, pero el juez Casanello rechazó y pidió más medidas. La representante del Ministerio Público apeló y la Sala I de la Cámara Federal hizo lugar a los procedimientos para secuestrar la prueba. No hay detenidos y se espera evaluar toda la prueba antes de resolver la declaración de los involucrados. Los operativos se hicieron el lunes.
Por lo pronto la inhibición de bienes alcanzó a Jeremías Cantero, el segundo de Belliboni en el PO, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza.
