La Justicia de primera instancia de la Ciudad de Buenos Aires ordenó al Gobierno porteño que garantice soluciones habitacionales para los vecinos y vecinas de un sector de la traza de la Ex Autopista Nº3, proyecto que impulsó y abandonó la dictadura cívico militar. El juez Martín Furchi ya había dictado una cautelar en el mismo sentido y ahora se conoció el fallo de fondo. La traza nunca concretada atraviesa la Ciudad desde Saavedra hasta Nueva Pompeya, donde el plan del intendente de facto Osvaldo Cacciatore dejó un tendal de expropiaciones, desalojos y demoliciones. Hace más de una década la Legislatura aprobó una ley que reconoce el derecho a la vivienda de las familias del sector, pero nunca se cumplió.
En concreto, el fallo del juez Furchi ordena al GCBA a que en un plazo de 180 días «elabore y remita a la Legislatura el proyecto de rezonificación definitiva, el proyecto de renovación urbana y el Plan para la concreción de soluciones habitacionales para el Sector N° 4 de la traza de la Ex Au3». La sentencia repite lo que el juez ya había ordenado en la cautelar dictada en abril del año pasado, que fue revocada por al Justicia de Cámara. En este caso se trata de un fallo de fondo, aunque el GCBA ya apeló la decisión.
El litigio judicial fue iniciado en 2021 por un grupo de vecinos y vecinas agrupados en asamblea con el patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), acompañados por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. El principal argumento del amparo inicial radicaba en que el GCBA se encuentra violando una ley de más de una década. Es que en el año 2009 la Legislatura aprobó la Ley N° 3.396, que estableció el plan de viviendas para las familias del Sector Nº5 de la traza, de General Paz a De Los Incas. En esa misma norma, los legisladores establecieron que el Ejecutivo debía fijar un plan similar para las familias del Sector Nº4, el tramo más largo de la traza, que va desde Álvarez Thomas hasta Nueva Pompeya.
La ley en cuestión respondía, además, a una norma inicial aprobada en 1999: la «Ley 324 de Recuperación de la Traza de la Ex AU3». Esa norma establecía que el Ejecutivo porteño debía presentar «un proyecto de rezonificación definitiva y un proyecto de renovación urbana» para las zonas habitadas por familias llegadas al lugar antes de 1996. La «Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex-AU3» es el organismo oficial creado con este objetivo. «Hace diez años, el GCBA solucionó el sector N° 5 de la traza porque tenía el interés inmobiliario de vender 10 manzanas de la zona que terminaron formando el nuevo barrio Donado-Holmberg. El dinero de esas ventas también estaba destinado para las viviendas de las familias del Sector N° 4, pero el GCBA decidió cambiar este destino», dijo en este sentido Jonatan Baldiviezo, abogado de la causa.
«En el caso del Sector 4 de la Traza de la Ex au3, pasaron más de 20 años de la aprobación de la ley 324 sin que el GCBA haya dado respuestas a las familias. En este contexto también existen diferentes leyes de reurbanización de barrios populares que se encuentran incumplidas como la ley 5235 de Barrios Nuevos y el Código Urbanístico que ordena la reurbanización de la totalidad de las villas. Mitigar la crisis habitacional no es una prioridad de este gobierno», agregó en el mismo sentido María Eva Koutsovitis, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria.
Los amparistas también habían reclamado la conformación de una Mesa de Gestión Participativa convocada por el GCBA con representantes de los vecinos y vecinas y organizaciones sociales que acompañan a las familias. La mesa tendría el objetivo de trabajar en la elaboración del proyecto de zonificación y de soluciones habitacionales. Sin embargo, el juez rechazó este planteo al considerar que esa mesa no está prevista en la Ley 324, aunque sí sentenció que el plan a presentar ante la Legislatura debe ser «elaborado con la debida participación ciudadana». Furchi también rechazó otro pedido de los amparistas, que reclamaban la suspensión de las ventas de inmuebles del GCBA en la zona afectada.
