Los legisladores ya anticipan un escenario difícil para el año electoral.
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En términos parlamentarios, el 2022 está terminado. La semana pasada, la oposición unida se negó a bajar al recinto y convalidar el temario presentado por el oficialismo y se cayó la última sesión del año en Diputados. En el Senado, ausencias de legisladores que viajaron al mundial del Qatar y los recientes feriados complicaron la posibilidad de organizar cualquier debate y no habrá ninguna sesión en medio de las fiestas.
Tras un año marcado por la tensión política entre el oficialismo y la oposición, que llegó a paralizar la actividad parlamentaria durante semanas e incluso meses, quedaron pendientes decenas de proyectos de peso y algunos perderán estado parlamentario. El 2023, por otra parte, es año electoral y los años electorales no se caracterizan por el consenso y los acuerdos en el Congreso, advierten legisladores de todas las bancadas.
Los temas pendientes en la Cámara de Diputados
La última sesión fallida de Diputados dejó tres de los proyectos que quedarán pendientes para el año que viene. El oficialismo incluyó en el temario una moratoria previsional para que puedan jubilarse 800.000 personas que no cumplen con los años de aporte, la creación de nueve universidades nacionales en diferentes provincias, y, a último momento, la reforma de la Ley de Alquileres.
La moratoria tenía cierta urgencia: a fin de año vence la actual moratoria y el proyecto, en parte, la prorrogaba. Sin sanción, no hay prórroga, aunque podría haber algún decreto presidencial. El caso de las universidades era menos urgente, podrá ser tratado el año que viene.
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Pese a que los aumentos se siguen sucediendo (quienes renuevan contrato en diciembre pagan un 80% más), la reforma de la Ley de Alquileres quedó en una situación compleja. El oficialismo tiene su propio dictamen que mantiene sin cambios el plazo mínimo de tres años de contrato y el método de ajuste anual de los valores, pero sumó “incentivos” para quienes pongan propiedades en alquiler. El dictamen opositor baja el plazo mínimo de contrato a dos años, y la actualización sería entre los tres y 12 meses, a definirse entre las dos partes.
Hoy, ni oficialismo ni oposición tienen garantizados los votos en el recinto para avanzar y la reforma está trabada desde junio de este año. Es decir, conservará estado parlamentario y puede ser votado en la Cámara en cualquier momento del 2023. Pero, a menos que abran nuevas negociaciones, las chances son bajas.
Los proyectos que tienen media sanción de una de las cámaras o recibieron dictamen de comisión conservan el “estado parlamentario” durante dos años “parlamentarios”: es decir, si recibieron dictamen cualquier mes del 2020 pierden estado parlamentario el 30 de noviembre del 2021 con el cierre de las sesiones ordinarias, porque se cuenta como el primer año el año en el que fue dictaminado o sancionado. Cuando un proyecto pierde estado parlamentario debe volver comenzar su camino desde las comisiones.
