La Cámara Federal porteña también cerró una parte residual de aquel expediente –que no había sido elevada a juicio– al confirmar los sobreseimientos de tres personas a quienes el fallecido fiscal Alberto Nisman había acusado, igual que a Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los imputados, de encubrir a los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA. Se trata del exjuez Héctor Yrimia, del dirigente kirchnerista Roberto Porcaro y de Christian Raff, un funcionario massista de la Anses de San Isidro.
Los tres aparecían relacionados con una serie de escuchas telefónicas disparatadas que fueron presentadas en la denuncia original. Así, no queda prácticamente nada de aquel expediente armado, sólo algunas apelaciones latentes, aún indefinidas, de la DAIA y familiares de las víctimas.
Esta causa remanente sobre el Memorándum estuvo el último tiempo en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, como subrogante del juzgado que quedó vacante con la muerte de Claudio Bonadio, quien había utilizado el caso para ordenar las prisiones preventivas del fallecido Héctor Timerman –tras impedirle ir a hacer su tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos–, Carlos Zannini, Luis D’Elía, Jorge Khalil y Fernando Eteche. A CFK le había pedido sin éxito el desafuero.
Después de mandar la mayor parte del expediente a juicio, quedó pendiente un tramo en el cual el principal interés de las querellas no eran ni Yrimia ni Porcarco ni Raff, sino desacreditar e incluso imputar al exsecretario de Interpol Ronald Noble.
Querían invalidar lo que Noble había sostenido por escrito ante la Cancillería y en sus redes sociales porque golpeaba la acusación de Nisman: dijo que las alertas rojas de Interpol sobre los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA y sus órdenes de captura nunca perdieron vigencia, que el Memorándum no cambiaba su status y que el organismo internacional tampoco podía hacerlo sin orden del juez argentino que investigaba el ataque terrorista.
