La Procuración, a cargo de Carlos Zannini, representó los intereses del Estado nacional en el concurso de acreedores del Correo S.A, por una decisión que en 2017 tomó el entonces presidente Mauricio Macri.
En un dictamen que lleva la firma del subprocurador, Horacio Pedro Diez, el organismo que conforman los abogados que representan al Estado solicita que se prosiga con el proceso de quiebra de la empresa al entender que la apelación no puede postergar la liquidación de una fallida.
El miércoles, la jueza en lo comercial Marta Cirulli concedió con efecto «suspensivo» la apelación presentada por el Correo Argentino SA, de la familia Macri, contra el fallo que decretó la quiebra, y esa decisión será ahora revisada en la Cámara Nacional en lo Comercial.
El fallo será revisado en ese Tribunal de Apelaciones y mientras tanto el avance del proceso quedará en suspenso, según decidió la magistrada.
«Me encuentro constreñida -por sobre cualquier otra interpretación- a observar el mandato jurisdiccional referido», sostuvo al resolver conceder la apelación «con efecto suspensivo».
El presidente de la empresa que tiene como accionistas a integrantes de la familia Macri, Jaime Cibils Robirosa, apeló y pidió la «nulidad» el fallo que decretó la quiebra el 5 de julio último y solicitó que «dicho recurso sea concedido en relación y con efecto suspensivo».
