La jueza María Romilda Servini citó a prestar declaración testimonial al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, en el marco de la causa en que se investigan las extorsiones del gobierno de Mauricio Macri al Grupo Indalo. Es la investigación que provocó la fuga de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y que complica al exjefe de Estado, Mauricio Macri.
En este marco, Rosenkrantz debió dar explicaciones sobre los llamados telefónicos que le realizó el prófugo y terminó admitiendo públicamente que con Rodríguez Simón y Mario Quintana los une una historia de amistad. “La doctora Servini me citó a una declaración testimonial en una causa en la que se está investigando la presunta comisión de delitos de funcionarios del gobierno anterior cuyo perjudicados habría sido el Grupo Indalo”, detalló el ministro de la Corte antes de admitir su relación con el operador judicial macrista y el exvice jefe de Gabinete.
En palabras de Servini, lo que se investiga –a partir de una declaración judicial de Fabián De Sousa- son “diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, tendrían como consecuencia perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional”.
Un actor clave de esta persecución fue la AFIP. Por eso, fueron indagados en esta causa desde el exjefe del ente recaudador, Alberto Abad, a directores del organismo. La magistrada comenzó a resolver las situaciones procesales de los indagados.
El primer procesado fue Paladino quien ordenó “la creación de una herramienta informática de consulta que permitía a las áreas operativas correspondientes de la AFIP conocer en forma simultánea y homogénea los incumplimientos de pago (líquidos y exigibles según el Sistema de Consultas Tributarias) y las cuotas impagas provenientes de planes de facilidades de pago vigentes de las empresas que conformaban el denominado conglomerado económico ‘Grupo Indalo’.
Los funcionarios de la AFIP no son los únicos involucrados en este proceso. «Pepín», el otro yo de Macri, estaba convocado a prestar declaración indagatoria en esta causa y en ese marco decidió escaparse a Uruguay. «Pepín» se autodefinió como un perseguido político y pidió refugio en el país oriental. Al anoticiarse de la negativa de ponerse a derecho del operador macrista, Servini ordenó su pedido de detención y extradición. En este contexto, se da la citación como testigo del presidente de la Corte Suprema, quien llegó al máximo tribunal del país durante el gobierno de Macri y a propuesta de «Pepín».
